Derechos Humanos en Argentina
Tres años después de la abolición de las leyes de amnistía por la Corte suprema, el antiguo general Luciano Menéndez, apodado la «Hiena de la Perla» (dirigía la zona militar en la que se encontraba el centro de detención clandestino más importante del país, La Perla), ha sido finalmente condenado a cadena perpetua por los delitos de secuestro, tortura y asesinato cometidos en 1977.
El proceso de este ex alto responsable de la dictadura argentina, que se produce después del de otros antiguos militares igualmente condenados en 2007, muestra la determinación de Argentina por saldar definitivamente sus cuentas con el pasado. Incluso cuando este parece a veces resurgir con algún suceso de actualidad. Manifestaciones, huelgas y bloqueos en las rutas por parte de los gauchos, manifestaciones multitudinarias en la Plaza de Mayo y evocaciones televisivas contra un posible golpe de Estado al presidente: la crisis agrícola y política que conoce el país desde principios de 2008 ha traído a la memoria seguramente sombríos recuerdos a muchos argentinos.
Sin embargo, en materia de derechos humanos persisten otros problemas. Las ONG que los defienden subrayan la violencia de las fuerzas del orden y la impunidad con la que éstas operan. La Federación Internacional de Derechos Humanos denuncia la «criminalización del movimiento social», que se caracteriza especialmente por la represión violenta de las manifestaciones y por los arrestos de responsables de movimientos populares. Pero también a través de actos de acoso e intimidación perpetrados por grupos privados. Esta organización denuncia también las discriminaciones hacia las poblaciones autóctonas (mapuches, tobas...) cuyos movimientos de protesta son igualmente reprimidos.
La situación en las cárceles es por otra parte un tema de preocupación importante para las asociaciones, y en noviembre de 2007, más de 30 detenidos resultaron muertos en el incendio de la cárcel de Santiago del Estero; incendio provocado por los presos, precisamente para denunciar las condiciones de encarcelamiento. No debemos olvidar que, también en España, las organizaciones en defensa de los derechos humanos continúan luchando contra las discriminaciones, el racismo y a favor de la integración de las personas más desfavorecidas.
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